El Gobierno francés intentó reforzar la eficacia del combate antiterrorista con la adopción de un proyecto de ley que prevé inscribir en la Constitución el estado de emergencia y retirar la nacionalidad francesa a los binacionales condenados por terrorismo.

Anunciado por el presidente, François Hollande, tres días después de los atentados yihadistas que el pasado 13 de noviembre provocaron 130 muertos y más de tres centenares de heridos, el texto aprobado por el consejo de ministros deberá ser validado ahora por la Asamblea Nacional y el Senado, con una mayoría de tres quintos.

Los debates comenzarán el 3 de febrero, pero la brecha ya está abierta entre quienes defienden esa medida y quienes cuestionan sus límites sobre los derechos individuales.

El Ejecutivo busca dar una base jurídica más sólida a disposiciones incluidas hasta ahora en una ley ordinaria, más fácilmente modificable y contestable.

El actual estado de emergencia, decretado la noche de los ataques y en vigor hasta el próximo 26 de febrero, no es un "régimen de opacidad", según el primer ministro, Manuel Valls, y su inscripción en la Carta Magna permitirá evitar "toda deriva partidista".

La amenaza "nunca ha sido tan elevada" y en la guerra contra el terrorismo y el islamismo radical la eficacia "comienza con el refuerzo del sistema legislativo y de los medios humanos contra la radicalización", señaló el primer ministro.

La cifra de 1.000 individuos que se han unido desde Francia a grupos yihadistas en Siria o en Irak ya se ha sobrepasado, de los que unos 600 siguen allí, otros 148 habrían muerto y 250 han vuelto a territorio francés.

Más allá de "constitucionalizar" el estado de emergencia,el protagonismo del día lo acaparó el haber mantenido la retirada de la nacionalidad a los binacionales, una medida ante todo simbólica, "que en ningún caso permitirá que escapen de la Justicia" y se limitará a los condenados por crimen contra la nación y terrorismo.

La legislación actual contempla esa posibilidad solo para los extranjeros naturalizados, pero ahora se busca ampliarla a todos los franceses, cuando la pena que reciban sea definitiva.

La ministra de Justicia, Christiane Taubira, anunció ayer en una radio argelina que esa medida, muy contestada entre las fuerzas de izquierda, no entraría finalmente en el texto aprobado por el consejo de ministros.

Su presencia en el Gobierno se puso en entredicho después de que Hollande haya mantenido esa iniciativa.

"El presidente tiene la primera" y "la última palabra. Punto final", dijo Taubira en un intento por cerrar la polémica.

La conferencia de prensa sirvió también para presentar los principios de un proyecto de ley para mejorar la lucha contra el crimen organizado y su financiación y las garantías del procedimiento penal, que antes de su adopción en febrero será sometido al Consejo constitucional, máximo órgano jurídico.

Para adelantarse a los futuros debates, el primer ministro destacó que la clase política debe guiarse "por un mensaje de unidad, porque los compatriotas no entenderían lo contrario".

El fundador del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, lamentó ya que el Gobierno haya seguido con el plan de quitar la nacionalidad, una idea contemplada tanto por el ultraderechista Jean-Marie Le Pen como por el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy.

Representantes de ambos bandos, de hecho, mostraron su apoyo a ese dispositivo, anunciado justo antes de las elecciones regionales, donde la extrema derecha del Frente Nacional firmó una victoria histórica en la primera vuelta, que no logró revalidar una semana después debido al cierre de filas de socialistas y republicanos para impedirlo.

EFE